En junio de 2025, Bolivia enfrenta una crisis económica y energética sin precedentes, marcada por interminables colas en las gasolineras de ciudades como La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, donde ciudadanos esperan horas bajo el sol para obtener gasolina o diésel racionados. Los precios en el mercado negro se han disparado, superando con creces las tarifas oficiales, mientras el gobierno insiste en calificar la situación como una “escasez temporal” causada por problemas logísticos. Sin embargo, para los bolivianos que enfrentan esta realidad, la causa es clara: no se trata de retrasos en el transporte, sino de un sistema de planificación central que ha fracasado estrepitosamente.
El gobierno, encabezado por el presidente Luis Arce, prometió normalizar el suministro de combustible a partir del 26 de mayo, pero la escasez persiste. Las autoridades han señalado a “especuladores malintencionados” y hasta factores climáticos, como las mareas, como responsables del desabastecimiento. No obstante, la raíz del problema es estructural: los controles de precios impuestos por el Estado y la regulación política del acceso al combustible han generado una escasez artificial que paraliza la economía y agobia a los ciudadanos.
Una economía asfixiada por subsidios insostenibles
La nacionalización del sector de hidrocarburos en 2006, bajo el gobierno de Evo Morales mediante el Decreto Supremo 28701, otorgó al Estado el control casi total de las industrias del petróleo y el gas natural. Durante años, Bolivia financió su déficit fiscal con las exportaciones de gas, pero la falta de inversión en exploración y la ineficiencia en la gestión estatal agotaron las reservas. Como señaló el presidente Arce, en los 14 años del gobierno de Morales apenas se perforaron cuatro pozos exploratorios, todos fallidos, dejando al país “comiéndose su gas”. Hoy, las reservas de gas natural, que alguna vez sostuvieron el gasto público, están prácticamente agotadas.
El sistema de subsidios al combustible agrava la crisis. Bolivia importa gasolina y diésel a precios internacionales, pero los vende localmente a precios artificialmente bajos, absorbiendo la diferencia con un costo de 2,000 millones de dólares en 2023, según datos oficiales. Esta política, aunque popular, ha drenado las reservas de divisas del Banco Central, que están al borde del colapso. El tipo de cambio oficial del boliviano es de 6.96 por dólar, pero en el mercado negro alcanza los 20, reflejando la desesperación por divisas y agrava la incapacidad del gobierno para importar combustible suficiente.
El economista Ludwig von Mises advirtió sobre los peligros de los controles de precios: “La intervención del gobierno en los precios de un bien produce resultados contrarios a su propósito, empeorando las condiciones en lugar de mejorarlas”. En Bolivia, los precios máximos han generado una demanda que supera la oferta, creando colas, mercados negros y un caos burocrático que castiga a los ciudadanos.
La política contra el mercado
En un mercado libre, el aumento de los precios reflejaría la escasez, incentivando importaciones y distribuyendo el combustible según las necesidades reales. Sin embargo, el gobierno boliviano, aferrado a su narrativa populista, prefiere culpar a factores externos antes que abordar las causas estructurales. El ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina, atribuyó la crisis a “factores adversos” y a una supuesta “psicosis” de los conductores que llenan sus tanques innecesariamente. Incluso el gerente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, llegó a culpar a las corrientes oceánicas y los vientos por retrasos en los envíos de combustible, una excusa que refleja la desesperación de las autoridades por desviar la responsabilidad.
Los “especuladores” señalados por el gobierno no son los villanos, sino actores que responden a las señales del mercado. En el mercado negro, los precios del combustible alcanzan niveles que reflejan su verdadera escasez, pero el sistema estatal, que impide la libre importación, condena estas dinámicas como “malignas”. En un mercado libre, el aumento de precios incentivaría una mayor oferta, pero en Bolivia, donde el Estado es el único importador y carece de recursos, el sistema colapsa.
El impacto humano y económico
La crisis no es un problema abstracto: afecta profundamente la vida cotidiana. Madres pierden horas para conseguir combustible y llevar a sus hijos a la escuela, taxistas sacrifican sus ingresos en colas interminables, y agricultores ven sus productos pudrirse por la falta de diésel para el transporte. Esta no es solo una crisis de ineficiencia, sino una afrenta a la dignidad de los bolivianos, atrapados en un sistema que prioriza el control estatal sobre las necesidades reales.
La escasez de combustible es solo un síntoma de una crisis económica más amplia, con una inflación galopante y una moneda devaluada en el mercado negro. Bolivia enfrenta un déficit comercial récord, con importaciones de bienes esenciales que superan las exportaciones, según un informe del Instituto Nacional de Estadística (INE) de mayo de 2025. La dependencia de los subsidios y la falta de inversión en el sector energético han creado una tormenta perfecta que amenaza con profundizar la inestabilidad.
Voces críticas y perspectivas externas
Economistas como Gonzalo Chávez, citado en Página Siete el 26 de junio de 2025, argumentan que el problema radica en la negación gubernamental de la crisis y en un modelo económico insostenible basado en subsidios y controles de precios. Un análisis de Bloomberg del 27 de junio de 2025 destaca que la crisis de Bolivia refleja los riesgos de los controles de precios en economías dependientes de recursos no renovables, comparándola con la situación de Venezuela. Por su parte, un informe de GIS Reports de enero de 2025 subraya que la falta de divisas y la caída de la producción de hidrocarburos han convertido a Bolivia en un caso de estudio sobre los peligros de la planificación centralizada.
La solución a largo plazo es clara pero políticamente costosa: liberalizar las importaciones de combustible, eliminar los controles de precios y permitir que el mercado coordine la oferta y la demanda. Como explicó Henry Hazlitt en su obra sobre los peligros de los controles de precios, la fijación de precios distorsiona las señales del mercado, altera la producción y genera ineficiencias. Mientras Bolivia siga aferrada a un modelo de intervención estatal, las colas en las gasolineras y el sufrimiento de sus ciudadanos persistirán.
